En junio pasado, el gobierno presentó un proyecto de ley para actualizar y fortalecer la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se busca alinear la legislación uruguaya a los estándares internacionales y responder a los nuevos desafíos que plantea el sistema financiero, cada vez más complejo y globalizado.

El propósito central es reforzar la seguridad financiera del país, evitando que estructuras locales puedan ser utilizadas con fines ilícitos. En un contexto donde organismos multilaterales y calificadoras ponen especial atención en estos temas, la actualización normativa también se vuelve una herramienta clave para resguardar la reputación de Uruguay en los mercados internacionales.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la ampliación de obligaciones para los distintos sujetos alcanzados. No se trata solo de instituciones financieras tradicionales, sino también de profesionales y empresas que, por la naturaleza de su actividad, manejan operaciones que pueden considerarse de riesgo. Para todos ellos, la nueva normativa supondrá la necesidad de contar con políticas de cumplimiento más estrictas, mejores procedimientos de debida diligencia y mecanismos más robustos de monitoreo de operaciones.

Esto implica, en la práctica, que muchas organizaciones deberán revisar sus procesos internos y capacitar a sus equipos, además de incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la detección temprana de movimientos inusuales. La tendencia es clara: las autoridades buscan un sistema preventivo más sólido, donde los actores privados tengan un rol protagónico en la identificación y reporte de operaciones sospechosas.

Si bien el proyecto aún debe atravesar el debate parlamentario, el mensaje es contundente: Uruguay procura adelantarse a las recomendaciones internacionales, reducir riesgos de sanciones y mantener la integridad de su plaza financiera. Para las empresas y profesionales comprendidos, el desafío será anticiparse y empezar a trabajar desde ahora en la adaptación, de manera de llegar preparados a un escenario donde los controles serán cada vez más exigentes.

En definitiva, estamos ante una señal fuerte de que la prevención del lavado de activos se convierte en un eje prioritario de la política económica y regulatoria. Cumplir no será solo una obligación legal, sino también una forma de proteger el negocio, la reputación y la confianza en el sistema financiero del país.