El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley que busca extender los beneficios establecidos por la Ley Nº 20.191, vinculados al fomento de la radicación en Uruguay de técnicos y profesionales del sector de las Tecnologías de la Información (TI).
El objetivo es mantener la competitividad del país en la atracción de talento calificado, en un contexto global donde la demanda por especialistas tecnológicos continúa en aumento.

Antecedentes:

La Ley Nº 20.191, aprobada en agosto de 2023 y reglamentada por el Decreto Nº 360/023, creó un régimen fiscal y previsional especial para profesionales del sector de TI —tanto extranjeros como nacionales— que se trasladarán a Uruguay para trabajar en relación de dependencia en empresas del sector con actividad regular y permanente en el país.
Entre los principales beneficios contemplados se encuentran:
La posibilidad de optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) a una tasa proporcional del 12%, en lugar del IRPF, cuyas tasas progresivas pueden alcanzar hasta el 36%.

La opción de no incorporarse al sistema de seguridad social uruguayo, quedando eximidos de realizar aportes personales y patronales.

Para acceder a este régimen, los beneficiarios debían cumplir ciertas condiciones, como no haber tenido residencia fiscal en Uruguay en los últimos cinco ejercicios, desarrollar su actividad a tiempo completo en el país y obtener la totalidad de sus rentas por trabajos vinculados directamente a actividades tecnológicas comprendidas en el literal S) del artículo 52 del Título 4 del IRAE.
Estas opciones debían ejercerse al inicio de la primera vinculación laboral y tenían una duración de hasta cuatro años.
El régimen estuvo vigente para contratos celebrados hasta el 28 de febrero de 2025, por lo que actualmente no se encuentra operativo.

La nueva propuesta:

El Proyecto de Ley recientemente presentado propone extender la vigencia del régimen para contratos laborales celebrados a partir de la promulgación de la nueva ley y durante los 12 meses siguientes, manteniendo las mismas condiciones y beneficios previstos originalmente.
Según la exposición de motivos, más de 200 profesionales fueron contratados bajo este régimen durante los 15 meses en que estuvo vigente, lo que evidencia su efectividad como herramienta para atraer talento al país.
El Poder Ejecutivo destaca que la demanda de perfiles tecnológicos especializados sigue siendo alta, y que la continuidad de estos beneficios es fundamental para sostener el posicionamiento de Uruguay como destino atractivo para profesionales del sector.
Asimismo, se anticipa que esta extensión será complementada por una futura revisión integral de la ley, reforzando el compromiso del gobierno con la innovación, la formación de capital humano y el desarrollo sostenible del ecosistema tecnológico nacional.

La extensión de los incentivos previstos en la Ley Nº 20.191 confirma la estrategia del país de mantener políticas activas de atracción de talento, especialmente en sectores de alto valor agregado como el tecnológico. Para las empresas y profesionales del rubro, esta iniciativa representa una oportunidad concreta de continuar fortaleciendo la competitividad, la inversión y la generación de conocimiento en Uruguay.